Thursday, March 28, 2024
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Denuncian daños en terrazas prehispánicas de El Fuerte de Samaipata

Rocío Lloret Céspedes

La construcción de pasarelas para un circuito turístico accesible a personas con discapacidad (en silla de ruedas) en El Fuerte de Samaipata, derivó en una afectación a cuatro terrazas prehispánicas de 500 años de antigüedad, en un área de 80 metros cuadrados. Así, la suma lineal de los daños alcanza los 12 metros. Tanto la Gobernación de Santa Cruz como el Gobierno Municipal de Samaipata apuntan a la constructora Armando Vargas Guzmán, como la responsable. El daño ocurrió cuando se ingresó con maquinaria pesada a lugares no autorizados por su importancia arqueológica y se reportó el pasado 4 de septiembre.

En conferencia de prensa, hoy la secretaria departamental de Desarrollo Humano, Paola Parada, dijo además que se abrió un camino, de casi tres metros de ancho para dicha maquinaria, la misma que “golpeó terrazas agrícolas prehispánicas”.

Tras una inspección realizada ayer en el lugar, explicó que la citada firma se adjudicó la licitación y “no cumplió con procedimientos ni protocolos” para intervenir en un sitio que es Patrimonio Cultura de la Humanidad.

Paola Parada durante la inspección realizada el martes. Foto: Gobernación de Santa Cruz.

En ese contexto, se envió un informe al Ministerio de Educación, Deportes y Culturas, “para que se tomen las acciones jurídicas y administrativas”, ya que el citado sitio es administrado por el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Samaipata (CIAS), unidad desconcentrada de ese gobierno municipal.

“Estamos esperando la respuesta del ministro Víctor Hugo Cárdenas, para que se transfiera la administración del sitio arqueológico a la Gobernación”, afirmó esta mañana en rueda de prensa.

“Hubo supervisión”

Norberto Borda, secretario municipal administrativo de Samaipata, aseguró a La Región que la empresa ingresó a la parte afectada “sin autorización del supervisor”.

Explicó que el pasado 16 de septiembre se hizo una inspección con la directora del CIAS, Arely Soliz, y el arqueólogo de la Gobernación, Danilo Drakic. “Hay informes del arqueólogo, que hubo daños menores. En la parte conclusiva, recomienda que la empresa debe ejecutar acciones de mitigación y esta ya ha enviado una nota donde (dice que) va a correr con todos los gastos. También está accionando ante el Ministerio para hacer esa mitigación”.

Paralelamente, a través de informes técnico-legales, aseguró que el municipio va a tomar las acciones correspondientes contra la empresa.

Respecto a la denuncia de Parada, de que no hubo control ni se siguió protocolos, manifestó que desde que empezó la construcción de la obra, se hizo monitoreo y lo que pasó fue “un descuido sin conocimiento de supervisión, para llevar unos palos de magnitud”.

En un informe de descargo, el responsable de la empresa aludida dijo que desconocía que hubiera ruinas alrededor de la piedra gigante, algo poco probable, dado el trabajo a realizar.

El proyecto

El proyecto de las pasarelas. Ilustración: Gobierno Municipal de Samaipata.

La adjudicación de la obra se hizo a través del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) a la empresa Armando Vargas Guzmán, por Bs 499.975. Se trata de la construcción de 19 metros lineales, continuación de las otras pasarelas que ya existen en El Fuerte, para hacer un circuito turístico para personas con discapacidad.

Para ello, también se contempla senderos que permitan el ingreso de sillas de ruedas. Durante todo el proceso, existen permisos de instancias nacionales, ya que se trabaja con Patrimonio de la Humanidad. En ese contexto, el entonces Ministerio de Culturas tenía conocimiento y hubo una revisión del Viceministerio de Interculturalidad, para tener la autorización respectiva.

En este tipo de obras se cuenta con el apoyo del arqueólogo del CIAS, de ahí que el municipio insiste en que la empresa ingresó la maquinaria “sin autorización”.

Fuentes especializadas, consultadas por este medio, explicaron que todo lo que se hace a un depósito arqueológico “es irreversible”. Al respecto, la Ley 530 establece que se debe proceder con un plan de mitigación para garantizar la preservación de los restos afectados. Este plan debe ser ejecutado por un arqueólogo, para reponer los bloques desplazados por la maquinaria.

Vista de la zona afectada desde Google Earths.

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